Áreas de práctica

Si su empresa necesita que la información financiera esté al día, sea confiable y cumpla con las normas contables vigentes en Colombia (NIIF), aquí es donde empezamos. Llevamos el cierre contable mes a mes y preparamos los estados financieros. La revisoría fiscal la prestamos como encargo aparte, en sociedades a las que no les llevamos la contabilidad.

Pero el trabajo no termina en el registro. Analizamos los estados financieros y sus indicadores —liquidez, endeudamiento, rotación de cartera, capital de trabajo— para identificar dónde se está apretando la caja y por qué. Un problema de liquidez casi nunca aparece de un día para otro: se venía anunciando en las cifras, y con el análisis a tiempo hay margen para corregir antes de llegar a la mora.

Esa lectura es la que después sostiene todo lo demás: decisiones de la gerencia, conversaciones con el banco, una negociación con acreedores, o la defensa ante la DIAN si llega un requerimiento.

Cuando una empresa o una persona no puede seguir pagando sus deudas como venía haciéndolo, la ley colombiana ofrece caminos concretos. No es el fin: es un proceso con reglas claras.

Para empresas, existe la reorganización (renegociar y ponerse al día manteniendo el negocio vivo) y, si ya no es viable, la liquidación judicial.

Para personas naturales, se puede negociar con los acreedores o, si no hay acuerdo, ir a una liquidación patrimonial, en la que los bienes se adjudican a los acreedores y el saldo que quede sin pagar deja de poder cobrarse por la vía judicial, con las excepciones que fija la ley.

En cualquiera de los dos casos, una vez admitido el trámite la ley suspende los procesos de cobro contra el deudor, con el alcance que fija cada régimen. Esa suspensión no cubre a codeudores ni fiadores. Revisamos además los contratos y compromisos vigentes para que todo se maneje con orden. Lo acompañamos desde la primera consulta hasta el cierre.

Marco legal: para empresas, Ley 1116 de 2006 y sus actualizaciones (Ley 2437 de 2024); para personas naturales, Título IV del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), reformado por la Ley 2445 de 2025.

Hay dos caminos ante un juez. Declarar un derecho es pedirle que decida quién tiene la razón: que usted es el dueño, que un contrato se incumplió, que una herencia le corresponde. Ejecutar es cobrar una obligación que ya consta en un documento claro, como un pagaré o una factura que cumple todos sus requisitos.

No toda cuenta pendiente se cobra por la vía ejecutiva: depende del documento que la respalde. Definir cuál camino corresponde es lo primero que revisamos. Estos son los asuntos que atendemos.

Si va a hacer una donación o a recibir una herencia, conviene revisarla antes de firmar: además del trámite civil, puede tener consecuencias tributarias para quien recibe los bienes. En esta firma lo civil y lo tributario se miran juntos.